Viales cuestionaron el decreto que traslada a San Juan y ocho provincias más el mantenimiento de rutas nacionales
Viales cuestionaron el decreto que traslada a San Juan y ocho provincias más el mantenimiento de rutas nacionales El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) manifestó s...
Viales cuestionaron el decreto que traslada a San Juan y ocho provincias más el mantenimiento de rutas nacionales
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) manifestó su rechazo al Decreto 253/2026, publicado por el Poder Ejecutivo, que dispuso la cesión a nueve provincias del mantenimiento de rutas nacionales ubicadas en sus territorios. La conducción del gremio, encabezada por Graciela Aleñá, sostuvo que la medida, presentada como descentralización, implica en realidad "una precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)".
La norma, publicada el 16 de abril en el Boletín Oficial, establece que el Gobierno nacional delega en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz "la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio".
En su comunicado, el sindicato afirmó que la decisión "altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58" y señaló que se trata de un "cambio de modelo" que rompe el esquema según el cual "la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo rector del sistema troncal, debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario". También advirtió que la medida "fragmenta la gestión delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio".
El STVyARA sostuvo además que "al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje", y planteó que, de avanzar este esquema, habría "rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas", en un modelo de "desigualdad planificada". En esa línea, consideró que la iniciativa "rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal".
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